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“La respuesta al VIH debe realizarse de manera integral, con apoyo de todos los actores involucrados para disminuir las brechas existentes en el flujograma de atención, como también, implementar acciones en conjunto para la reducción del estigma y discriminación asociados al diagnóstico en beneficio de las personas que viven con VIH en Paraguay”

Autor: Juan Francisco Ramírez Flores – Consejero Par en el SAI del IMT, Fundación Vencer

Introducción.

El VIH, por sus siglas Virus de Inmunodeficiencia Humana, es un virus que afecta principalmente al sistema inmunológico de las personas, en todo el mundo, principalmente a personas de los grupos vulnerables, que son personas LGBTIQ, personas que usan drogas, personas en situación de pobreza, en nuestro contexto, de acuerdo con registros del Programa Nacional de Control del SIDA/ITS, se tienen registros de 23.732 personas con VIH, como también 7.054 personas fallecidas y 225 personas que no se tiene ningún registro por más de 10 años, quedando así a fines del 2020 registros de 16.453 personas viviendo con VIH de los cuales 1.201 corresponden solo al año 2020 a pesar de la pandemia (PRONASIDA, 2021).

La pandemia de Covid19, es una cuestión interviniente desde el año 2020, que cambió totalmente el modo de vivir de todos, dejando un impacto negativo en todas las áreas, afectando principalmente a los sistemas de salud, si bien, en nuestro caso, el PRONASIDA aprovisionó medicación antirretroviral a personas con VIH mediante la implementación de estrategias como el envío de mediación antirretroviral a las puertas de las casas, en las cuales muchos usuarios tuvieron acceso, también hay impactos negativos, como la reducción de realización de testeos para VIH de 30 o menos por día, siendo que anteriormente se realizaban 120 a 180 testeos por día (La Nación, 2021).

En este sentido, las personas con VIH son consideradas un grupo socialmente vulnerable, no solo por la infección, sino también por el abandono estructural, se encuentran con carencias en varios ámbitos, como acceso al trabajo, acceso a la salud, libre goce de su sexualidad, pero por, sobre todo, estigma y discriminación asociados al diagnóstico, siendo estos últimos un problema social que prevalece frente a denuncias, que, de acuerdo con el Centro de Consejería y Denuncias de VIH/sida y Derechos Humanos, tienen registro de 266 de personas que sufrieron discriminación en el periodo de 2019 – 2020, mayoritariamente en relaciones laborales.

Marco Jurídico.

En este periodo del informe, no existen cambios significativos en relación a los derechos de las personas que viven con VIH, en referencia al informe de derechos humanos 2019.

Ley 3940/09. “Que establece Derechos, Obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)”.

El objetivo de esta ley en su art. 1° es Garantizar el respeto, la protección y la promoción de los Derechos Humanos en el tratamiento de las personas que viven y son afectadas por el VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y establecer las medidas preventivas para evitar la transmisión.

En su art. 2°, nos dicta sobre la Autoridad Competente: La prevención, tratamiento y asistencia del VIH y SIDA constituye una Política de Estado para cuyo desarrollo y fortalecimiento es responsable el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Programa Nacional de Control del SIDA/ITS (PRONASIDA) como ente rector y las otras instituciones gubernamentales, en coordinación y conforme al plan estratégico de la Respuesta Nacional.

Por otro lado, el art. 11° Papel de las Organizaciones no Gubernamentales: En el marco de la Respuesta Nacional integrada a la epidemia, el PRONASIDA elaborará en forma coordinada y articulada con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) planes de acción para la prevención de la transmisión del virus, el tratamiento de las personas que viven con el VIH y SIDA (PVVS) como así también la promoción de la vida saludable y calidad de vida, con el fin de lograr los objetivos propuestos por dicho plan.

Compromiso Político Asumido por el Estado Paraguayo.

Metas de estrategia 90 – 90 – 90 al año 2020.

Esta estrategia se refiere a las metas a cumplir para el año 2020, que el 90% de personas que viven con VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH, pasando al segundo 90, que nuevamente el 90% de estas personas reciban terapia antirretroviral continuada y nuevamente el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan supresión viral (ONUSIDA, 2018).

Las mismas metas no fueron cumplidas en su totalidad llegado el 2020, siendo que solo el 84% [68– >98%] de personas que vivían con el VIH conocían su estado. Entre las personas que conocían su estado, el 87% [67– >98%] tenían acceso al tratamiento. Y, entre las personas que tenían acceso al tratamiento, el 90% [70– >98%] habían logrado la supresión viral.

De toda la gente que vive con el VIH, el 84% [68– >98%] conocían su estado, el 73% [57–88%] tenían acceso al tratamiento y el 66% [53–79%] tenían una carga viral indetectable, en 2020.

Quedando así unas brechas importantes en el cumplimiento de las metas.

Estrategia 95 – 95 – 95 al año 2025 al 2030.

Es la nueva meta que propone la OMS, que, camina junto con la ONUSIDA para dar respuesta al VIH, determina para que entre el 2025 y el 2030 se cumplan las metas 95-95-95, lo cual se refiere, como la meta anterior de que el 95% de todas las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 95% de las personas que conocen su estado serológico inicie el tratamiento y el 95% de los que reciben tratamiento logre una supresión de la carga viral.

Situación Epidemiológica.

En Paraguay, de 1985 al 2020 se tienen registros de 23.732 personas con VIH, de las cuales 6.728 fueron casos categorizados de sida.

Del total de 23.732 diagnósticos al 2020, la mortalidad es de 7.054 personas, sumándoles 225 de las cuales no se cuenta con registro por más de diez años, dejando así una cantidad de 16.453 personas viviendo con VIH a finales del mismo año.

En el año 2020 fueron diagnosticadas 1.201 personas con VIH, de las cuales 227 categorizadas como sida. El mayor grupo de edades de diagnósticos se encuentra entre 20 a 34 años con un 55.7% (669/1.201). Desglosado por sexo el 73,69% corresponde a hombres y 26,31% a mujeres; por género un 71,11% masculino, 26,31% femenino y 0,58 correspondiente a población trans.

En el 2020 se registraron 65 embarazadas con diagnóstico de VIH, que corresponde al 23,64% del total de casos positivos.

Cabe resaltar que los nuevos diagnósticos se centran en el departamento Central con 38,38%, Capital con 18,15% y Alto Paraná con 12,99 %.

En cuanto a las metas 95-95-95 al año 2020, se estima que en Paraguay hay 22.581 personas teniendo como meta 21.452 personas diagnosticadas de las cuales solo se alcanzó a 16.343 personas que corresponden al 76,7% del primer 95, con una brecha de 23,3%.

De estas personas se tiene como meta que 20.379 personas estén en tratamiento antirretroviral de las cuales están 9.779 personas en tratamiento, que corresponden al 48% del segundo 95, con una brecha del 52,0%.

Finalmente, se tiene como meta que 19.360 personas tengan carga viral suprimida, pero en nuestro país, al año 2020 solo 4094 personas están con carga viral suprimida, el cual corresponde solo al 21,1%, teniendo así una brecha de 78,9%. 

Estos datos dejan en evidencia que aún queda mucho por hacer y que las acciones deben orientarse para lograr el goce de buena salud de las personas que viven con VIH, tanto en acceso al tratamiento como también estar libres de estigma y discriminación.

Plan Estratégico Nacional 2019 – 2023.

A partir del aumento de casos de VIH en varias regiones descritas anteriormente se elaboró el Plan Estratégico Nacional 2019 – 2023, articulando instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación, como actores principales en la respuesta al VIH y otras ITS en Paraguay, centradas en el CONASIDA, a fin de disminuir las brechas existentes en las metas, con la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Cabe resaltar que este Plan Estratégico Nacional fue elaborado de manera interdisciplinaria, incluyendo a todos los actores anteriormente mencionados, desde una perspectiva de género, no discriminación, inclusión, pero, sobre todo, en base a los Derechos Humanos de las personas afectadas.

En primera instancia tenemos el Objetivo General del Plan Estratégico Nacional: “Disminuir la incidencia y la mortalidad relacionadas al VIH/sida, en el marco del respeto de los derechos humanos en Paraguay”.

Cuenta con 10 objetivos específicos, abordando una diversidad de áreas y grupos, siempre a beneficio de las personas afectadas (Plan Estratégico Nacional 2019-2013, pp. 51, 52).

Para realizar un análisis integral de los objetivos, nos basamos en los ejes de Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad. 

En el primer punto, la disponibilidad de prestación de servicios y acceso al tratamiento, se cuentan con 14 Servicios de Atención Integral al 2018, distribuidos en 13 regiones sanitarias con médicos capacitados, stock de medicamento para inicio y seguimiento, equipo de psicología y trabajo social, prestación de profilaxis como también para tratamiento de infecciones oportunistas, diagnóstico y seguimiento, en cuanto al financiamiento, los últimos años el Estado ha absorbido el 100% de la demanda de medicamentos y otros insumos estratégicos ya sean reactivos para VIH, Infecciones oportunistas y se ha incrementado el presupuesto a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, en cuanto al acceso, estos centros de prestación de servicios están centralizados en las capitales o cuidades más grandes, dificultando el acceso a las personas provenientes del interior de los departamentos, teniendo que usufructuar movilidad y gastos extras para personalizarse a los mismos.

En cambio, casi la totalidad de los fondos destinados a la prevención y a los estudios de prevalencia e incidencia provienen de recursos de la cooperación internacional.

También, el estigma y discriminación existente, en relación al VIH, dificulta el acceso a las pruebas de diagnóstico, ya que el 40% de las personas con VIH reportaron discriminación en cuando al acceso a la vivienda, trabajo, fueron negados en algún servicio de salud o educación (Fundación Vencer-UNFPA, 2016).

De acuerdo a una encuesta virtual realizada por la Fundación Vencer, con una muestra de 276 personas de 5 regiones sanitarias, usuarias de alguno de los servicios prestados por el sistema de salud (Fundación Vencer [Datos generales sobre barreras de acceso generadas por el sistema de salud], 2021, sin publicar)

Los datos arrojaron datos preliminares, de acuerdo a la aceptabilidad y calidad, el 17% de los encuestados calificaron de poco satisfactorio la atención recibida en los centros de salud, mientras que el 37% satisfactorio y 45% muy satisfactorio, encontrándose con las barreras de acceso la falta de profesional médico que requerían, teniendo que consultar de manera privada ocasionando gastos extras para el usuario, evidenciando en este punto las barreras estructurales de acceso pero con un 82% conformes con la atención brindada de acuerdo a nuestra muestra.

Lo referente a realización de análisis laboratoriales, en el periodo estudiado, 50 personas requirieron de análisis laboratoriales, los cuales, 74% (Un total de 37 PVV) no accedieron al análisis requerido. Como también, 13 no se realizaron el análisis, mientras que 21 se realizaron en un laboratorio privado.

Dejando en evidencia las falencias existentes en cuando al acceso a las mismas, ya sea por disponibilidad de los mismos en el servicio público, dificultades de acceso y cuestiones estructurales vinculadas a la prestación de los mismos.

Conclusiones.

Si bien, en este periodo tanto el Estado como la Sociedad Civil trabajaron en conjunto para dar una respuesta factible a la reducción de las brechas, la cuestión interviniente de la pandemia ocasionó un retroceso en las acciones, que según datos oficiales del Programa Nacional de Control de ITS/SIDA de la respuesta del VIH 2019 al 2020 se observa una reducción de acceso al testeo de un 28.8%, por ende, de nuevos diagnósticos se redujeron del 28,4%, y el inicio del tratamiento un 20,2%. Y el 33% de las personas no lograron la supresión viral en el 2020. Entre el 2019 y 2020 el acceso a la prueba del CD4 se redujo en un 71,6%. Y el acceso a la prueba para la carga viral se rujo a 32,4%.

Dejando en claro, que los esfuerzos deben enfocarse en la prevención, atención y recuperación de los casos, como también en el seguimiento cercano de aquellas personas que ya cuentan un diagnóstico para lograr supresión de carga viral y por consiguiente el goce de buena salud.

Las barreras de acceso mayoritariamente se centran en cuestiones estructurales, como son la distancia de lugares de residencia de las personas que requiere acceso al tratamiento, horarios de atención, centralización de servicios y falta de información referente a los mismos, como también poco personal disponible para la alta demanda de personas que requieren atención, sin dejar de lado a los determinantes sociales de la salud, que aun hoy día, influyen de sobremanera en los derechos de las personas que viven con VIH.

Como también en financiamiento de las acciones de prevención aun depende de la cooperación internacional para su debida implementación.

Para finalizar, el estigma y discriminación siguen siendo factores que afectan de sobremanera a las personas que viven con VIH, influyendo en el acceso al testeo, tratamiento, al trabajo, educación, quedando así vulnerados y sin posibilidades de una intervención estatal que logre abordar estas problemáticas al no tener acceso a la información necesaria como también un seguimiento real por parte del Estado en casos de denuncias realizadas.

Recomendaciones.

• Implementación efectiva de la ley 3940/09.

• Crear un mecanismo de seguimiento a casos de denuncias y/o violación de derechos humanos.

• Asegurar los recursos financieros referentes a la respuesta nacional, insumos y acciones de prevención.

• Involucrar a otras instituciones públicas en la respuesta nacional al VIH.

• Fomentar el trabajo en conjunto de organizaciones de personas que viven con VIH y el Estado a fin de vincular a las personas que tienen un diagnóstico reciente para dar un seguimiento efectivo en su proceso de adherencia al sistema de salud.

• Mejorar los canales de comunicación y acceso a información en cuanto a la prestación de servicios de tratamiento a personas que viven con VIH.

• Trabajar de manera activa en los casos de seguimiento de personas en abandono de tratamiento con VIH.

• Crear mesas de trabajo ampliadas para el desarrollo de los objetivos planteados en el Plan Estratégico Nacional 2019-2023.

Mayor participación de las personas que viven con VIH en los espacios de toma de decisiones.

Ampliar el acceso a los servicios prestados por los SAI.