La investigación presenta un análisis de las condiciones de las personas privadas de libertad en situación especial de vulnerabilidad, en ese contexto, las poblaciones abordadas fueron, las personas con VIH, indígenas y personas con trastornos mentales de 5 penitenciarias del país.
El informe fue realizado por las organizaciones Enfoque Territorial, Fundación Vencer y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
“El tipo de diseño empleado en la investigación fue de carácter cualitativo, es decir, se caracteriza por recoger la información que no quiere medición numérica, y que se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” comentó la Lic. Claudia Samudio Genes, miembro del equipo de investigadores.
Por otra parte, Samudio Genes explico que “Teniendo en cuenta las características de las penitenciarías de nuestro país, que albergan a poblaciones en condiciones de hacinamiento y en espacios pequeños, se optó por la utilización de herramientas metodológicas consistentes en entrevistas individuales semiestructuradas y grupos focales”
Situación de personas que viven con VIH privadas de libertad.
La investigación sobre las personas privadas de libertad que viven con VIH estuvo a cargo de la Lic. Fabiola Ivaszuk, psicóloga y coordinadora general de la Fundación Vencer, y contó con el apoyo del Lic. Martin Negrete y el equipo técnico de la Fundación Vencer.
“Los hallazgos sobre la situación de las personas que viven con VIH privadas de libertad se compone de cuatro sub-dimensiones que son el acceso a mecanismos y programas de prevención, acceso a servicios médicos, discriminación y serología y confidencialidad” señaló la Lic. Fabiola Ivaszuk
En cuanto a los principales hallazgos, en la sub-dimensión de acceso a mecanismos y programas de prevención, el informe señala que no se percibe un programa sistemático de acciones de información, educación o comunicación tanto en VIH como en Tuberculosis, mismo caso ocurre con el acceso a preservativos que no visibiliza un plan de entrega ni un sistema de control.
Se desconoce de la existencia de estrategias de prevención de la violencia sexual dentro de los penales y si bien se reportan acciones de capacitación dirigido al personal penitenciario, estas no son continuas ni sistemáticas.
En relación al acceso a servicios médicos, se señala que, si bien las pruebas rápidas para el VIH, sífilis y para la Hepatitis B están disponibles y son gratuitas, no se identifica un programa de promoción del testeo voluntario a gran escala, de forma sistemática y sostenida al interior de los penales accedidos. Es decir, se dispone de insumos (reactivos) pero son pocas las personas que acceden, ocasionando que los casos de VIH positivo, sean detectados de manera tardía.
Las personas privadas de libertad con diagnóstico confirmado de infección por VIH, y con criterios para estar bajo tratamiento con ARV, acceden a los medicamentos de forma gratuita. Sin embargo, se identifican diferencias de acceso a los ARV de acuerdo con el penal. “Hay PVV que acceden de manera tardía a sus medicamentos, los encargados de sanidad a veces tienen que retirar por sus propios medios los medicamentos y entrégaselos a los pacientes, en otros casos, la falta de adherencia al tratamiento se debe a que los penales no cuentan con vehículos para trasladar a los pacientes hasta el servicio de salud, para, por un lado, realizarse los análisis laboratoriales de rutina, recibir atención médica por parte de un infectologo y para retirar sus respectivos medicamentos.
El informe señala que los niveles de estigma, la discriminación y la violación de estado serológico son altos y que no existe ningún plan por parte de las autoridades para hacer frente a esta situación; de conocerse el estado serológico del paciente, este automáticamente es apartado y aislado por parte de los demás internos, en algunos casos son echados de las celdas y hasta pueden llegar a la agresión física.
“Tengo miedo a ser rechazado si la gente se entera que tengo VIH. Y esa es mi preocupación diaria de qué me va a pasar si la gente llega a enterarse. Algunos son conscientes que es una enfermedad que tiene tratamiento y otros no, y de esos lo que tengo miedo” rescata el testimonio de un PVV
Propuestas de Políticas Públicas
El informe eleva una serie de recomendaciones y propuestas de políticas públicas de acuerdo a cada población sujeto de investigación.
En cuanto a las personas que viven con VIH, se recomienda que la Dirección de Salud Penitenciaria debería ser responsabilidad del Ministerio de Salud y no dependencia del Ministerio de Justicia, tal como lo establece el código de ejecución penal.
Por otra parte, se debe propiciar un trabajo más articulado entre los Programas (VIH y TB) con otras instancias, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Esto podrían hacer que las respuestas sean más efectivas dentro de las penitenciarías.
Se evidencia la necesidad de contar con información estratégica actualizada, es necesario un estudio de seroprevalencia y de comportamiento en las penitenciarías, con el fin de identificar la magnitud de la epidemia de TB y VIH, con el objetivo de generar información para la correcta toma de decisiones.
Como parte del plan de acción del estudio, los resultados del mismo fueron socializados en varios Ministerios y organismos gubernamentales claves como ser, el Ministerio de Salud Púbica y Bienestar Social, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, de modo a generar un apropiamiento de la evidencia que se presenta y así elaborar un plan de trabajo conjunto.
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