La Policía Nacional exige el test de VIH en sus exámenes de admisión para postulantes, denuncian

05 Jun

En el último año la Fundación Vencer recibió al menos dos denuncias de personas afectadas por esta disposición, de acuerdo a los registros de nuestro servicio telefónico de atención sobre VIH/ITS y Derechos Humanos SOS Positivo.

Aunque no se establece de forma específica, el requerimiento del test de VIH se puede deducir de la Resolución 839/2018 de la Policía Nacional, que reglamenta el proceso de selección y admisión de postulantes a la academia y al colegio de policías.

El documento explica sólo de modo general que el examen médico de admisión incluye, entre otros aspectos generales, “análisis laboratoriales de sangre, orina y heces” (artículo 45, inciso k).

Pero en el artículo 47, que habla de los motivos médicos que podrían inhabilitar a una persona postulante para formar parte de la Policía Nacional, figura el VIH.

El requerimiento del test de VIH como parte de estos exámenes de admisión viola los artículos 4 y 22 de la Ley 3940/09, normativa que establece derechos de personas con VIH y obligaciones del Estado y de la sociedad.

El artículo 4 señala que la prueba del VIH es voluntaria, confidencial, gratuita (en los servicios estatales de salud) y que debe estar acompañada por un consejero/a antes y después de la realización.

El artículo 22 establece que “Ninguna institución educativa, pública o privada podrá solicitar pruebas o dictámenes médicos sobre el VIH y otras ITS a postulantes o alumnos como requisito de ingreso, permanencia o promoción en la misma, e igualmente para el acceso a becas nacionales y extranjeras”.

Y continúa con un segundo párrafo: “Queda prohibida toda discriminación o expulsión por parte de tales instituciones en contra de alumnos que viven o conviven con el VIH/SIDA. La comunidad educativa es responsable de establecer medidas y programas consensuados que tengan como objetivo la eliminación del estigma y la discriminación en el ámbito escolar”.

Esta ley además establece las sanciones que el Estado paraguayo aplicará para aquellas instituciones, públicas o privadas, que violen la normativa.

 

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Foto: ConSalud.es (imagen meramente ilustrativa)